Resumen de la ponencia de Jordi Albertí

La libertad

• La libertad había sido un bien escaso durante el primer tercio del siglo XX. Durante la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) la iglesia española no supo mantener la distancia crítica necesaria respecto del poder civil y frenó muchas iniciativas de sindicación católica. La proclamación de la República se convirtió inicialmente en un símbolo de libertad, en el cumplimiento de la aspiración de una amplia mayoría social, también por parte de muchos sectores católicos.
• La reacción de la Iglesia ante la proclamación de la República fue de prudencia y de acatamiento. También, en algunos casos, de explícita convicción de que se trataba de un hecho positivo. Sin embargo el primado de Toledo favoreció una corriente de oposición entre el episcopado que tuvo graves consecuencias.
• Desgraciadamente el proceso Constituyente resultó, según Niceto Alcalá Zamora, un «campeonato de locuras» debido al carácter sectario anticlerical de las intervenciones y resoluciones. La voz de la Iglesia no fue escuchada.
• El orden público, en manos de un católico republicano -Miguel Maura-, se convirtió en incontrolable a causa de las revueltas libertarias, las maquinaciones integristas, el bolchevismo de un importante sector socialista y, también, por el aumento de la delincuencia derivada de una amnistía indiscriminada.
• La quema de conventos de mayo de 1931 convirtió de nuevo la cuestión religiosa en la piedra de toque de la viabilidad de la República. Las manifestaciones de religiosidad resultaron progresivamente un elemento subversivo y el clero y los católicos practicantes fueron acusados de antirrepublicanos.

La convivencia

• Después de la aprobación de la Constitución, de carácter marcadamente anticlerical, todos los intentos para conseguir un entendimiento de mínimos entre la Iglesia y el Gobierno de la República fracasaron.
• En los intentos que se hicieron para reconducir la situación hay que destacar a los cardenales Pacelli, Secretario de Estado, Vidal i Barraquer, primado de Tarragona y Illundáin, arzobispo de Sevilla; los diputados Carrasco i Formiguera de UDC, Luis Lucia de Derecha Valenciana y Jerónimo Gallego de la Minoría Agraria, además de Alcalá Zamora, presidente del Gobierno Provisional y, posteriormente, de la II República, Manuel de Irujo, ministro de Justicia (1937) y Ángel Ossorio, embajador en París.
• La Iglesia, como institución, no conspiró contra la República a pesar de ser cierto que la Conferencia Episcopal Española adoptó una actitud muy crítica después de las primeras campañas anticlericales y de clara hostilidad después de la insurrección militar.
• No existió ningún móvil de carácter religioso ni moral en la decisión de una parte del ejército de promover un golpe de estado. Las primeras declaraciones de Franco y de Queipo de Llano lo dejan bien claro y los postulados de la Falange no contienen ninguna referencia al catolicismo.
• La revolución social, especialmente la propugnada por la FAI desde la extrema izquierda y por la Falange desde la extrema derecha, encontró el hábitat de expresión y de expansión en la guerra. Los dos grupos actuaron de manera organizada y fueron los máximos responsables de la represión en las retaguardias donde ocasionaron más muertos que los derivados de los frentes de guerra.
• La persecución religiosa fue la expresión más cruel de la revolución social libertaria propugnada por la FAI, llevada a cabo durante los primeros seis meses de guerra. En la ejecución concreta de los asesinatos intervinieron factores de perversión y de morbosidad que habría que analizar también desde una óptica antropológica.

El perdón

• Hablar de perdón comporta, previamente, hablar de responsabilidades.
• Ninguna institución ni organismo público de la época está libre de responsabilidades en el proceso de degradación de la etapa republicana y, todavía menos, en el proceso de la guerra.
• Los gobiernos de la Generalitat y de la República no supieron actuar con la fuerza que podían para evitar la persecución religiosa pero los jefes militares insurrectos depuraron criminalmente las zonas ocupadas.
• A pesar de esta afirmación genérica hay que destacar que en Cataluña los esfuerzos de algunos consejeros y de la Unió Democràtica de Catalunya hizo posible salvar a miles de posibles víctimas de la represión. Actitudes análogas no existieron en la zona «nacional».
• La Iglesia, víctima de la represión cometió el error de bendecir la insurrección armada y de promover, a partir de la victoria franquista, el nacional catolicismo, un intento extemporáneo de estado teocrático que supuso la estocada mortal a la tragedia vivida por los católicos republicanos.
• El integrismo religioso se percató demasiado tarde de que la dictadura franquista no se avendría a ningún proceso de concordia posterior a la victoria militar. Caso de los sacerdotes vascos ejecutados durante la guerra y de la pena capital aplicada al general Escobar.
• Durante la guerra y después de la guerra hubo muchos casos ejemplares de perdón.
• Institucionalmente, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II y, posteriormente, de la Transición política española hubo iniciativas sociales, políticas y legislativas de carácter conciliador pero no ha habido ninguna declaración formal de ninguno de los partidos ni de las instituciones que intervinieron en el enfrentamiento bélico de contrición pública.
• En el año 2007 monseñor Ricardo Blázquez, entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, exhortó a hacerlo.
• En Cataluña, entre otras intervenciones públicas a favor de la conciliación y el perdón, destacan las de los obispos Camprodon (1991) y las del arzobispo Vives (2005).